“Juicio revolucionario”: el ELN sentencia a cuatro uniformados secuestrados y entierra la esperanza de libertad

En un anuncio que ha estremecido al país, el grupo guerrillero ELN confirmó la aplicación de un polémico “juicio revolucionario condenatorio” contra dos agentes del CTI y dos patrulleros de la Policía Nacional, un movimiento que cierra las puertas a una liberación inmediata y agrava la crisis humanitaria de sus familias.

El destino de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, ha tomado un rumbo oscuro tras cumplirse casi un año desde su desaparición. Ambos agentes fueron privados de la libertad el 8 de mayo de 2025, y desde entonces, la incertidumbre sobre su integridad física ha sido la constante para sus seres queridos. Al someterlos a esta figura de “justicia” paralela, el grupo insurgente ignora las peticiones de los organismos internacionales que exigen el respeto por la vida de quienes fueron retenidos mientras cumplían labores oficiales en el territorio.

La situación es igualmente crítica para los miembros de la DIJIN, el patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia, quienes completan meses de cautiverio tras ser interceptados el pasado 20 de julio de 2025. El comunicado del ELN no solo ratifica la retención de estos 4 servidores públicos, sino que utiliza una retórica judicial interna para justificar su permanencia en la selva, alejándolos de cualquier corredor humanitario. Esta confirmación de “juicio” es interpretada por analistas de seguridad como un desafío directo al Estado y un obstáculo insalvable para las actuales mesas de diálogo.

El impacto de esta noticia se traduce en una presión social creciente, pues el país observa con impotencia cómo se juega con la vida de estos uniformados bajo términos que carecen de legalidad institucional. Mientras las familias de los cuatro secuestrados claman por una prueba de supervivencia real, el Gobierno Nacional enfrenta el reto de responder ante una organización que, lejos de mostrar gestos de paz, endurece su postura contra la fuerza pública. La comunidad internacional permanece alerta ante el desenlace de esta “condena” impuesta en la clandestinidad, la cual vulnera flagrantemente los derechos humanos fundamentales.

(Foto: Cose)