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JEP abre trámite de sometimiento al general (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría, vinculado a ‘falsos positivos’ en Santander. (Foto: RTVC)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició de oficio el trámite de sometimiento del general en retiro Luis Emilio Cardozo Santamaría, tras ser mencionado por comparecientes de la fuerza pública y víctimas en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Santander. La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el marco de sus competencias para esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado.
De acuerdo con los aportes a la verdad, el exoficial habría estado vinculado a seis hechos registrados en 2007, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón de Ingenieros No. 5 ‘Coronel Francisco José de Caldas’. En estos casos, nueve personas fueron asesinadas y reportadas falsamente como bajas en combate, mientras que otras dos sobrevivieron. Los señalamientos surgieron en diligencias judiciales y en audiencias del Caso 03 de la JEP, que investiga ejecuciones extrajudiciales en distintas regiones del país.
El trámite se fundamenta en la Sentencia SU-063 de 2025, que permite a la JEP convocar tanto a quienes solicitan su sometimiento como a comparecientes forzosos. Asimismo, se apoya en la Sentencia TP-SA RPP 531 de 2025, que ratifica la competencia de esta jurisdicción para definir la situación jurídica de personas presuntamente involucradas en crímenes del conflicto, incluso si no han acudido voluntariamente.
Como parte del proceso, la JEP requirió al general (r) para que suscriba el acta de sometimiento y entregue información sobre su eventual participación en los hechos, además de ordenar la recolección de pruebas documentales y testimoniales. La jurisdicción aclaró que esta decisión no implica su ingreso automático ni la concesión de beneficios, sino el inicio de un análisis para determinar si cumple con los requisitos del Sistema Integral de Paz, especialmente en materia de verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
(Foto: revista El Congreso)

