IGAC aclara responsabilidades en avalúo catastral y pide ajustes a alcaldías para evitar cobros indebidos

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda Morales, explicó que la entidad tiene a su cargo la actualización del avalúo catastral, es decir, el valor técnico de los predios, pero recalcó que son las administraciones municipales las responsables de liquidar y cobrar el impuesto predial. El problema actual, señaló, radica en que muchas alcaldías o las empresas de software contratadas no han incorporado las novedades legales, lo que ha derivado en cobros mal liquidados y en la inconformidad ciudadana.

El Gobierno nacional ha manifestado que mantiene abiertas las puertas al diálogo mediante mesas técnicas de trabajo, con el fin de ajustar procedimientos y corregir errores. En municipios como San Gil, Barichara y El Socorro, en Santander, ya se adelantan procesos de revisión para garantizar que los contribuyentes no enfrenten cargas desproporcionadas. La intención es que las actualizaciones catastrales se traduzcan en mayor transparencia y equidad, sin que el bolsillo de los ciudadanos se vea golpeado por fallas administrativas.

El IGAC subrayó que el incremento del avalúo catastral no debe reflejarse de manera automática en el impuesto predial. La Ley 1995 de 2019 establece que para el 98 por ciento de los predios, aquellos con menos de 100 hectáreas, el impuesto no puede crecer más del 50 por ciento respecto al año anterior. Por su parte, la Ley 44 de 1990 fija que para predios de mayor extensión el tope máximo de incremento es del 100 por ciento. En términos prácticos, si un ciudadano pagaba 200.000 pesos, lo máximo que debería pagar tras la actualización serían 300.000 pesos, incluso si su avalúo aumentó un 600 por ciento.

La declaración del funcionario, sin embargo, deja en evidencia que la responsabilidad recae en alcaldes y concejos municipales, donde aún no se tienen claros los procedimientos jurídicos para aplicar correctamente estas normas. Para muchos ciudadanos, esta situación resulta injusta, pues mientras el IGAC se limita a calcular el avalúo, son las autoridades locales las que deben garantizar que los cobros se ajusten a la ley. La falta de claridad en la implementación genera incertidumbre y mantiene viva la discusión sobre la necesidad de mayor capacitación y control en las administraciones municipales.

(Foto: IGAC)