Procuraduría alerta sobre fallas estructurales y cifra récord de explotación sexual infantil en Colombia 

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una contundente advertencia sobre la crisis institucional que enfrenta Colombia ante la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Durante el Encuentro contra la Explotación Sexual, el Ministerio Público señaló que la persistencia de fallas estructurales, sumada a una baja detección temprana y la preocupante normalización social del delito, impide una respuesta efectiva del Estado. La entidad enfatizó que este fenómeno no es un hecho aislado, sino una grave vulneración de derechos humanos vinculada directamente a la violencia de género, lo que exige una reevaluación inmediata de las estrategias de prevención en todo el territorio nacional.

La magnitud del problema se refleja en estadísticas alarmantes que evidencian un panorama crítico para la infancia en el país. Según el Observatorio de la organización “Valientes Colombia”, entre los años 2023 y 2025 se reportaron más de 6.000 casos de explotación, alcanzando un pico histórico de 2.251 registros oficiales únicamente durante el año 2024. Estas cifras guardan una estrecha relación con las métricas experimentales del DANE, las cuales revelan que la Fiscalía General de la Nación ha procesado un acumulado de 22.697 denuncias relacionadas con este delito en el periodo comprendido entre 2015 y 2025, evidenciando una tendencia creciente que desborda la capacidad de respuesta actual.

Ante este escenario, el Ministerio Público ejecutó un diagnóstico integral en los 32 departamentos del país durante el transcurso de 2025, identificando territorios con niveles críticos de vulnerabilidad y una desarticulación institucional que deja a las víctimas en desprotección. El estudio técnico permitió detectar brechas de atención severas, lo que derivó en la emisión de directivas urgentes para que las procuradurías judiciales de familia refuercen el seguimiento a los casos. Esta intervención busca corregir la falta de coordinación entre las entidades responsables, asegurando que el sistema de protección no solo identifique el riesgo, sino que garantice una reparación efectiva y oportuna.

Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado vehemente a todos los sectores de la sociedad para romper el ciclo de impunidad y revictimización que impera en el sistema judicial y asistencial. La entidad instó a las instituciones del Estado a implementar un enfoque de género riguroso y exigió a los servidores públicos eliminar cualquier práctica que vulnere nuevamente la dignidad de los menores. En este contexto, se recordó que la familia debe actuar como el primer anillo de seguridad, mientras que la sociedad civil tiene la obligación de rechazar con determinación cualquier forma de violencia, entendiendo que la protección de la niñez es una prioridad absoluta que no admite más dilaciones técnicas ni administrativas.

(Foto: UNICEF)