Mancuso respalda denuncias de Angie Rodríguez sobre presuntas presiones a exjefes de las AUC

El excomandante paramilitar aseguró que delegados del Gobierno de Gustavo Petro les habrían solicitado hablar contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras durante reuniones realizadas en Valledupar. Según su versión, los exjefes de las autodefensas rechazaron la petición.

Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se pronunció este lunes 19 de octubre sobre las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), relacionadas con un encuentro con antiguos comandantes paramilitares en Valledupar, en noviembre de 2025. A través de un video difundido en redes sociales, Mancuso afirmó que durante esas reuniones se les habría pedido formular declaraciones contra tres figuras políticas del país.

De acuerdo con Mancuso, los delegados del Gobierno habrían solicitado a los excomandantes hablar contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. El exjefe paramilitar sostuvo que ninguno de los participantes aceptó esa propuesta y cuestionó que un espacio que, según lo previsto, debía abordar asuntos relacionados con la paz, la reconciliación y el proceso de Ralito pudiera involucrarse en objetivos políticos. Sus declaraciones coinciden en aspectos centrales con los señalamientos que Rodríguez había hecho públicamente.

La controversia se originó después de que Rodríguez afirmara que, durante el Gobierno de Gustavo Petro, recibió la misión de coordinar un encuentro con antiguos jefes de las AUC, cuya finalidad real —según su relato— habría sido conseguir declaraciones contra dirigentes políticos. El abogado Juan Carlos Villamizar, quien aseguró haber presenciado las reuniones, también declaró a Caracol Radio que se habría solicitado a los excomandantes hablar sobre esas figuras. Sin embargo, corresponde a las autoridades establecer las circunstancias de los encuentros, el alcance de las solicitudes y si existieron instrucciones oficiales en los términos denunciados.

Las afirmaciones abren interrogantes sobre el posible uso de funcionarios, espacios institucionales o recursos públicos con fines políticos, así como sobre las garantías que deben regir los procesos de justicia transicional. Mancuso también insistió en la importancia de cumplir los compromisos con las víctimas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el proceso de Ralito. Por ahora, las declaraciones públicas constituyen señalamientos que requieren verificación y no equivalen, por sí mismas, a una conclusión judicial sobre responsabilidades individuales.

Ante la gravedad de las denuncias, la Fiscalía General de la Nación debería establecer si existen elementos para abrir o ampliar una investigación, recaudar testimonios y documentos, verificar las reuniones y determinar si hubo conductas que puedan constituir delitos. También sería necesario establecer si se utilizaron indebidamente funciones o recursos estatales y garantizar el debido proceso de las personas mencionadas. La investigación deberá determinar qué ocurrió, quiénes intervinieron y si hay responsabilidades penales o disciplinarias, sin anticipar conclusiones ni convertir las declaraciones de antiguos integrantes de las AUC en pruebas concluyentes sin corroboración.