Defensoría exige a la Fiscalía celeridad para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del comunicador.

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El homicidio del comunicador Cristian Herrera en Cúcuta sacudió las bases de la libertad de prensa en Colombia tras confirmarse que las medidas de seguridad otorgadas por la Unidad Nacional de Protección no lograron evitar el atentado.

Herrera no solo ejercía el periodismo regional informando sobre dinámicas del crimen organizado y corrupción en la compleja región del Catatumbo, sino que también formaba parte activa de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa. Este crimen ha generado el repudio generalizado de organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales denuncian la alarmante falta de garantías reales para los reporteros que exponen las economías ilícitas en las zonas fronterizas del territorio nacional.
La gravedad de la situación se hace evidente al registrarse 2 asesinatos de periodistas regionales en menos de 30 días en el país, lo que enciende las alarmas internacionales sobre un retroceso democrático.

Este lamentable hecho ocurre apenas un mes después del homicidio del reportero Mateo Pérez Rueda en el municipio de Briceño, Antioquia, consolidando un panorama de riesgo extremo para la prensa local. Diversos colectivos de medios señalan que cubrir las fuentes oficiales y de orden público se ha convertido en una actividad de alto peligro que fomenta la autocensura colectiva ante la falta de una respuesta judicial contundente.
Frente a la escalada violenta, la Defensoría del Pueblo exigió a la Fiscalía General de la Nación máxima celeridad para identificar a los autores materiales e intelectuales, priorizando en las indagaciones las denuncias previas del comunicador.

La impunidad histórica en estos casos debilita el tejido social, afectando de manera directa el derecho constitucional de las comunidades a estar informadas sobre los entramados delictivos que impactan sus propios municipios. Las organizaciones civiles anunciaron que mantendrán una veeduría estricta sobre los avances de las autoridades, insistiendo en que el Estado tiene la obligación urgente de reestructurar los protocolos de protección para periodistas vulnerables.

(Foto: Defensoría del Pueblo)