Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones: salud, energía y vías entre las prioridades

La aprobación se produjo este martes 20 de octubre, hacia las 3:45 de la madrugada, después de una extensa jornada de debate en el Senado y la Cámara de Representantes. El proyecto contempla recursos adicionales para salud, educación e infraestructura, pero también un recorte superior a $181.000 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de $634,9 billones, tras una discusión que se prolongó durante la noche del lunes y la madrugada del martes. La Cámara de Representantes dio su aprobación definitiva alrededor de las 3:45 a. m., acogiendo el texto previamente avalado por el Senado. Con esta decisión, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella obtuvo el visto bueno legislativo para definir las apropiaciones presupuestales del próximo año. La votación se produjo en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre el procedimiento del debate.

La distribución de los recursos contempla aproximadamente $392,6 billones para funcionamiento del Estado, $155,4 billones para el servicio de la deuda pública y cerca de $86,96 billones para inversión. El monto total representa un incremento frente al presupuesto de 2026, que fue de $555,8 billones. Sin embargo, la aprobación se dio en un contexto de preocupación por el déficit fiscal, estimado en 9,4 % del producto interno bruto (PIB). Ante este panorama, el Gobierno anunció que prepara una ley de ajuste fiscal para buscar una reducción del gasto público y corregir el desequilibrio de las finanzas nacionales.

Salud y educación, entre los sectores con recursos adicionales

Uno de los cambios destacados durante la discusión fue la incorporación de $3 billones adicionales para el sector salud, mediante el traslado de recursos inicialmente previstos para el servicio de la deuda. La modificación busca fortalecer la financiación del sistema y su aseguramiento. En educación se incluyeron $100.000 millones adicionales para inversión. También se contemplaron partidas para otros sectores estratégicos y programas públicos, en medio de las discusiones sobre cómo distribuir los recursos disponibles entre las necesidades sociales y las obligaciones financieras del Estado.

Subsidios de energía y recursos para infraestructura

El presupuesto incorpora $3 billones para subsidiar las tarifas de energía en la región Caribe, además de recursos para apoyar el servicio de gas. En infraestructura, se incluyeron partidas adicionales para proyectos viales a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), entre ellas $100.000 millones destinados a la variante de San Gil, en Santander, corredor fundamental para la conexión entre Bucaramanga y Bogotá. El senador santandereano Miguel Pinto celebró esta asignación y destacó, además, la importancia de recuperar vías secundarias y terciarias del departamento. La ejecución efectiva de estas partidas será determinante para establecer el alcance de las obras y sus beneficios para la movilidad regional.

La JEP, entre las entidades afectadas por los recortes

Uno de los puntos más controvertidos fue la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz. Según reportes publicados tras la aprobación, el recorte total asociado a la entidad asciende a $181.402 millones, con afectaciones al programa de fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional, destinado, entre otros fines, a herramientas tecnológicas y administrativas. Dentro de los cambios aprobados, $11.402 millones fueron trasladados al sector Defensa para atender indemnizaciones a familias de integrantes de la Fuerza Pública víctimas de las antiguas FARC. La decisión reabrió el debate sobre las capacidades presupuestales de las instituciones encargadas de implementar el Acuerdo de Paz y avanzar en sus obligaciones judiciales.

Una aprobación marcada por tensiones políticas y presión fiscal

La sesión estuvo marcada por dificultades para mantener el quórum, luego de que congresistas liberales abandonaran el recinto en señal de protesta por los recientes enfrentamientos entre el presidente y representantes de esa colectividad. El retraso prolongó la discusión hasta la madrugada, cuando el Congreso logró cerrar el trámite dentro del plazo legal. Durante el debate, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, advirtió sobre la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado y la necesidad de corregir la trayectoria fiscal. El Gobierno anunció que radicará en 90 días una ley de ajuste que buscaría reducir el gasto en cerca de $45 billones, para llevar el déficit al 7,2%.

Con la aprobación del presupuesto comienza ahora el proceso de ejecución de las partidas previstas para 2027. El desafío será convertir las asignaciones en inversiones y servicios efectivos, particularmente en salud, educación e infraestructura, mientras se mantiene el seguimiento al uso de los recursos públicos y se atienden las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. Para Santander, la expectativa estará puesta en la destinación anunciada para la

(Foto: Senado de la República)