Tribunal ratifica condenas para la “corte” de funcionarios del exalcalde L.F. Bohórquez en Bucaramanga. 

El Tribunal Superior de Bucaramanga ha emitido un fallo histórico que pone punto final a la incertidumbre judicial sobre el círculo de confianza del exmandatario local, confirmando severas condenas de prisión para tres exfuncionarios y dos contratistas implicados en un esquema de corrupción que desvió recursos públicos. Aunque la sentencia contra el exalcalde Luis Francisco Bohórquez ya era de conocimiento público, la justicia ha sido contundente al ratificar que las irregularidades en la contratación de alumbrado público contaron con la participación directa de su equipo técnico y asesores. En total, se confirmó que este entramado generó un peculado por 2.319 millones de pesos, afectando el erario de la capital santandereana entre los años 2012 y 2015.

La decisión de segunda instancia recayó con especial rigor sobre el exsecretario de Infraestructura, Clemente León, quien deberá cumplir la pena más alta de este proceso con 21 años de cárcel. Asimismo, la justicia ratificó la condena de 17 años y 7 meses de prisión para Gloria Azucena Durán Valderrama, quien se desempeñaba como jefa de la oficina de alumbrado público y supervisora de los contratos cuestionados. Estas sentencias confirman que la responsabilidad penal no se limitó a la cabeza de la administración, sino que permeó las dependencias encargadas de vigilar la correcta ejecución de los 17.000 millones de pesos destinados originalmente a la modernización y poda de árboles en la ciudad.

El fallo también alcanzó al entorno familiar y de ejecución privada, incrementando incluso la pena para Leonardo Luna Escalante, asesor y familiar del exalcalde, quien finalmente fue sentenciado a 10 años y 8 meses tras las rejas. Por su parte, los contratistas que facilitaron el desvío de los fondos, Óscar Mauricio Benavides Toloza y Uriel Ávila Méndez, recibieron condenas de 12 y 11 años de prisión, respectivamente. Con estas ratificaciones, el Tribunal valida las pruebas de la Fiscalía que demostraron cómo se vulneraron los requisitos legales para favorecer intereses particulares, asegurando que todos los eslabones de la cadena de contratación enfrenten consecuencias penales proporcionales al daño causado.

En cuanto al exalcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza, el Tribunal ratificó su permanencia en prisión por un periodo de 17 años y 9 meses, además del pago de una multa que asciende a los 592 millones de pesos. Los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos quedaron plenamente probados tras analizar 11 contratos de obra que presentaron graves fallas en su adjudicación y manejo financiero. La investigación fue contundente al señalar que los recursos destinados a la expansión del alumbrado público fueron utilizados para enriquecer ilícitamente a terceros bajo una fachada de legalidad que hoy queda desmantelada por completo.

Finalmente, este fallo representa un precedente fundamental en la lucha contra la corrupción en Santander, al demostrar que la supervisión estatal y la asesoría jurídica no son cargos exentos de responsabilidad penal. Con la confirmación de estas sentencias y el pago de las multas impuestas, la justicia busca resarcir el daño patrimonial sufrido por Bucaramanga y enviar un mensaje claro sobre la vigilancia de la contratación pública. El proceso, que duró varios años en investigación, cierra uno de los capítulos más grises de la administración local, dejando en firme el castigo para quienes permitieron que más de 2.300 millones de pesos terminaran en las cuentas equivocadas.

(Foto: La Silla Vacía)