Rife-Rafe entre Petro y el gobernador de Santander por el catastro

El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Santander protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones en torno al aumento de los avalúos catastrales.

Petro insistió en que la actualización responde a un mandato legal y al cumplimiento del Acuerdo de Paz, cuyo objetivo es que los sectores más ricos del país contribuyan con mayores impuestos. Según el mandatario, la medida no busca afectar a los campesinos ni a la población trabajadora, sino garantizar que los recursos se destinen a educación, salud, agua potable y vías rurales.

El presidente recalcó que la determinación de las tasas del impuesto predial corresponde a los alcaldes y concejos municipales, quienes tienen la facultad de ajustar las tarifas para proteger a los sectores más vulnerables. Petro aseguró que, con un nuevo acuerdo, en apenas 15 días se podría reducir la carga tributaria de los propietarios urbanos y rurales de bajos ingresos, sin necesidad de alterar la política nacional. “No más engaños al pueblo, este Gobierno pide que los ricos paguen impuestos”, enfatizó.

En medio de las protestas registradas en Santander, Petro acusó a sectores políticos de desinformar a la ciudadanía, señalando que los terratenientes buscan evitar el pago de impuestos y confunden al campesinado haciéndoles creer que serán gravados. El mandatario advirtió que los alcaldes que no presenten iniciativas de acuerdo para ajustar las tasas podrían ser removidos de sus cargos por alterar el orden público. Además, pidió a los manifestantes levantar las barricadas y dirigir sus reclamos a las instancias municipales correspondientes.

El gobernador de Santander respondió que no es organizador de los paros y que su gestión se centra en atender la crisis generada por la parálisis en el departamento. Aseguró que, como representante de los santandereanos, está trabajando para mitigar los efectos de la situación, pero recalcó que la responsabilidad del Gobierno Nacional es acompañar a las regiones en la búsqueda de soluciones. El rifirrafe refleja la tensión entre las autoridades nacionales y departamentales en torno a la política catastral y su impacto en las comunidades