La exalcaldesa de San Vicente de Chucurí acepta cargos por millonario contrato fantasma de software

SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos formales y judicializó a la exalcaldesa de San Vicente de Chucurí, Emilce Suárez Pimiento, y a su exsecretario de Desarrollo Social, Carlos Alfonso Saucedo Serrano, por su presunta responsabilidad en graves anomalías de contratación pública que afectaron los recursos de la educación regional. La exmandataria local aceptó de manera voluntaria los delitos imputados por el ente acusador bajo su responsabilidad penal individual, luego de que las investigaciones técnico-forenses demostraran un desvío de fondos en un proyecto tecnológico que jamás se ejecutó ni benefició a la comunidad estudiantil.

El eje central de la investigación penal gira en torno a un convenio fraudulento firmado en julio de 2010, cuyo valor total asignado superó los $73.000.000 de pesos. Este dinero público tenía como propósito técnico la contratación de un ingeniero de sistemas para desarrollar, implementar y poner en marcha un software educativo interactivo en línea, diseñado específicamente para que los colegios oficiales, docentes, estudiantes y padres de familia del municipio administraran y consultaran las actividades curriculares.

La fiscalía especializada descubrió que en agosto de 2011 la administración municipal desembolsó la totalidad de los $73.000.000 de pesos pactados, a pesar de que la plataforma digital nunca fue programada ni entregada a la comunidad. El material probatorio recaudado por los peritos financieros confirmó que los usuarios finales jamás recibieron los accesos, contraseñas ni el soporte técnico del aplicativo, lo que evidenció un detrimento patrimonial absoluto y la desatención total de las necesidades informáticas del sector educativo.

El análisis de los contratos reveló la omisión radical de los estudios previos obligatorios y la violación flagrante de los principios constitucionales de economía, planeación, transparencia, selección objetiva, legalidad y moralidad. Debido a este cúmulo de irregularidades administrativas, el ente acusador imputó a los exfuncionarios los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público, dejando un precedente clave en la lucha contra la corrupción en Santander.

(Foto: Fiscalía General de la Nación)