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9 mayo, 2026La Corte Suprema tumba el último recurso del ‘Tuerto Gil’ y deja en firme su condena por el caso Santrich
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó de manera definitiva una condena de 54 meses de prisión contra el excongresista Luis Alberto Gil Castillo, conocido bajo el alias del “Tuerto Gil”, tras rechazar los recursos de su defensa. El alto tribunal halló responsable al exlegislador de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir agravado, al comprobarse su participación directa en una red criminal que intentó frenar la extradición hacia los Estados Unidos del fallecido excabecilla de las Farc, alias “Jesús Santrich”. La investigación judicial demostró que Gil Castillo articuló maniobras ilegales y ofrecimientos económicos orientados a corromper la administración de justicia dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El historial delictivo de Gil Castillo no es nuevo para la justicia ordinaria, pues el político ya arrastraba un pasado oscuro como fundador del desaparecido partido Convergencia Ciudadana, colectividad que lideró entre los años 2002 y 2006. Dicha agrupación política fue desmantelada por la misma Corte Suprema de Justicia en el año 2012, cuando se emitieron sentencias condenatorias en contra de Gil y otros dos exintegrantes debido a sus probados vínculos con los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esta nueva oportunidad, la Sala de Casación Penal determinó que el exsenador conformó una empresa criminal activa entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, diseñada exclusivamente para vulnerar la seguridad pública y los principios de la administración estatal.
El epicentro de esta conspiración judicial se concentró en la manipulación de expedientes de alto perfil mediante el soborno sistemático a funcionarios clave del tribunal transicional. Quedó plenamente acreditado que el excongresista ejerció una indebida y fuerte presión sobre el entonces fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Carlos Julián Bermeo Casas. El objetivo prioritario de este entramado era dilatar, alterar u omitir resoluciones judiciales críticas, logrando inicialmente desviar los procedimientos que pesaban sobre las actividades de narcotráfico de Santrich, para luego replicar este modelo de impunidad con otros procesados que buscaban evadir la acción de la justicia internacional.
La caída definitiva de la red de corrupción se logró gracias a una rigurosa operación de contrainteligencia conjunta que involucró a la DEA de los Estados Unidos y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los investigadores norteamericanos alertaron sobre una estructura que exigía la suma de USD 500.000 a cambio de entorpecer los trámites de extradición vigentes en el país. El operativo culminó con éxito el primero de marzo de 2019 en el norte de Bogotá, donde un agente encubierto infiltró la cita clave y entregó una maleta cargada con USD 460.000 en efectivo, lo que permitió capturar en flagrancia a los implicados y consolidar las pruebas que hoy sostienen esta condena inapelable.
(Foto: Redes Sociales)
