Diálogo necesario entre la Gobernación de Santander e Isagen para superar la crisis de conectividad

En un esfuerzo por clarificar las responsabilidades sobre la infraestructura vial del departamento, la empresa Isagen ha respondido formalmente a las inquietudes del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, enfatizando la importancia de la comunicación técnica para resolver el deterioro de corredores estratégicos. La controversia, centrada principalmente en la vía San Vicente de Chucurí y el tramo Lisboa–La Cananá, ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar los compromisos mutuos tras años de entregas formales de obras.

Este acercamiento busca tender puentes informativos que permitan diferenciar las obligaciones contractuales de la empresa privada de las competencias propias de los entes territoriales y nacionales en el mantenimiento preventivo de las carreteras.

La claridad sobre la vía San Vicente de Chucurí es uno de los puntos neurálgicos de este intercambio, pues se trata de un corredor secundario que Isagen entregó oficialmente a la administración departamental en diciembre de 2016.

Según los registros de la compañía, no solo se cumplió con el trazado aprobado por autoridades ambientales, sino que se ejecutó un mantenimiento voluntario adicional que se extendió por 3 años más, finalizando formalmente toda obligación en diciembre de 2019. Desde entonces, el desgaste observado en la zona —atribuido al tráfico pesado y a la falta de intervenciones preventivas— ha generado una tensión que hoy se intenta resolver mediante la revisión de las actas de entrega que traspasaron la responsabilidad del cuidado vial a la Gobernación.

En lo que respecta a la conexión estratégica entre Bucaramanga y Barrancabermeja, la situación jurídica se apoya en hitos temporales y fallos judiciales definitivos que son clave para la planeación del departamento. Isagen precisó que el tramo de 11 kilómetros que le correspondía fue entregado al Invías el 1 de mayo de 2015, quedando desde ese momento bajo la tutela estatal y su esquema de concesión. Esta postura cuenta con el respaldo de un fallo del Consejo de Estado emitido en septiembre de 2024, el cual exime de responsabilidad a la generadora de energía y asigna la obligación de mantenimiento al Invías, un dato técnico que resulta vital para que el Gobierno Departamental redireccione sus gestiones hacia el nivel nacional.

Finalmente, el debate abre una oportunidad para resaltar el impacto económico de la empresa en la región, más allá de la infraestructura vial que ya no administra. Isagen ha reportado transferencias e inversión social que superan los 359 mil millones de pesos desde que inició su operación en Santander, recursos que representan un motor fundamental para el desarrollo de las comunidades locales.

El reto actual para el gobernador Juvenal Díaz y la compañía eléctrica radica en transformar este “rifirrafe” en una mesa de trabajo técnica que, basada en cifras y documentos oficiales, permita priorizar soluciones para los santandereanos, evitando que la falta de comunicación detenga el avance de las obras que el departamento tanto necesita.

El fallo clave: Consejo de Estado define el futuro vial de Santander

Para entender el “rifirrafe” actual, es fundamental remitirse a la sentencia del Consejo de Estado de septiembre de 2024. Este fallo marcó un antes y un después en la disputa por el mantenimiento del corredor Bucaramanga–Barrancabermeja, al eximir oficialmente a Isagen de responsabilidades sobre los 11 kilómetros que la empresa entregó en mayo de 2015. La justicia determinó que la carga del mantenimiento preventivo y correctivo, así como las obras de estabilización en sectores críticos, recae exclusivamente sobre el Invías y su esquema de concesión, liberando a la generadora de energía de obligaciones permanentes sobre infraestructura de carácter nacional.

Este sustento jurídico es el que Isagen ha puesto sobre la mesa frente al gobernador Juvenal Díaz, argumentando que, aunque la empresa construyó los tramos sustitutivos, su administración pasó legalmente al Estado hace más de una década. En el caso de la vía a San Vicente de Chucurí, la situación es similar: el acta de recibo a satisfacción firmada en diciembre de 2016 por la Gobernación, sumada a la notificación de cierre de obligaciones en 2019, crea un marco legal donde la responsabilidad recae hoy en el ente territorial. Conocer estas cifras y fechas es vital para que la ciudadanía comprenda que la solución definitiva depende ahora de la gestión del presupuesto público y de las mesas técnicas entre el gobierno departamental y nacional.

(Foto: ISAGEN)