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21 mayo, 2026Cachirí se blinda: plan de seguridad en Santander incluye refuerzo militar y millonarias recompensas contra el delito
Cachirí se blinda: plan de seguridad en Santander incluye refuerzo militar y millonarias recompensas contra el delito.
Las autoridades de Santander y la alcaldía de Suratá implementaron una estrategia integral de orden público en el corregimiento de Cachirí, orientada a erradicar el crimen y proteger a los ciudadanos mediante un despliegue masivo de la fuerza pública, el seguimiento riguroso de delitos graves y un plan de incentivos económicos para la denuncia.
El secretario del Interior departamental, Óscar Hernández Durán, confirmó un incremento inmediato en el pie de fuerza operativo y preventivo a cargo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, respondiendo de forma directa a las preocupaciones comunitarias sobre hurtos y convivencia. En materia de justicia penal, la Gobernación destacó la captura inmediata del presunto responsable del feminicidio de Luisa Esteban, un logro coordinado que busca sentar un precedente contra la violencia de género y asegurar el debido proceso judicial en la región santandereana.
La participación comunitaria se consolidó como el pilar fundamental del Consejo de Seguridad, donde el alcalde de Suratá, Ecxón Jerónimo Pabón Vega, priorizó el diálogo directo con los habitantes para diseñar rutas de protección conjunta. Los líderes locales, con un arraigo de más de seis décadas en el territorio, respaldaron la intervención institucional y recordaron que la corresponsabilidad ciudadana mediante la alerta temprana es indispensable, debido a la imposibilidad física de mantener uniformados en cada punto del corregimiento.
La estrategia económica para desmantelar la criminalidad local y de alta escala incluye una bolsa de recompensas financieras que busca incentivar el flujo de información confidencial y efectiva por parte de la población. La Gobernación de Santander ofrece hasta 50 millones de pesos por datos que permitan capturar a miembros de Grupos Armados Organizados (GAO), y un monto de hasta 30 millones de pesos por información que facilite la desarticulación de estructuras de delincuencia común organizada.

