Barrancabermeja revive la memoria del Magdalena Medio en audiencia clave de la JEP

“Son 26 años de ausencia, sin poder abrazarla; es una herida abierta”, expresó una víctima durante la audiencia que reunió a más de 600 afectados por crímenes ocurridos entre 1998 y 2000.

En Barrancabermeja, el pasado sábado 21 de marzo, se llevó a cabo la segunda sesión de audiencia del Subcaso Magdalena Medio, en el marco del Caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante la jornada, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad escuchó las observaciones sobre las versiones entregadas por 35 comparecientes de la fuerza pública, señalados de presuntos crímenes cometidos en alianza con estructuras paramilitares y terceros civiles entre 1998 y 2000. En este espacio participaron más de 600 víctimas, reflejando la magnitud del impacto en la región.

El desarrollo de la audiencia permitió dimensionar la complejidad de las relaciones entre agentes estatales y grupos paramilitares en el Magdalena Medio. La magistrada Catalina Díaz Gómez enfatizó que el caso “investiga los crímenes cometidos por agentes del Estado en asociación con estructuras paramilitares y terceros civiles”, subrayando la necesidad de avanzar hacia un esclarecimiento integral de los hechos.

En este subcaso, la JEP priorizó lo que se conoce como la “toma paramilitar de Barrancabermeja”, un periodo entre 1998 y 2000 en el que se registraron graves crímenes contra la población civil. Estos hechos fueron atribuidos a estructuras como las Autodefensas del Sur del Cesar y Santander (AUSAC) y el Bloque Central Bolívar de las AUC, presuntamente en connivencia con miembros del Ejército y la Policía, lo que refuerza la urgencia de establecer responsabilidades tanto individuales como colectivas.

Las víctimas, protagonistas de la jornada, insistieron en que la verdad debe construirse de manera completa. Fanny relató que el asesinato de su hermana estaría relacionado con un atentado contra su hermano, integrante de la Unión Patriótica. “No éramos unos revolucionarios. Nuestra familia fue víctima de homicidios, de desplazamiento y de problemas psicológicos y de salud, como los que tuvo mi madre”, expresó, evidenciando las secuelas profundas del conflicto.

Otro de los testimonios más conmovedores fue el de Leidy Barroso Amaya, hija de César Manuel Barroso, asesinado en la masacre de febrero de 1999, y de María Yesenia Amaya, desaparecida en el año 2000 por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Leidy relató que fue secuestrada cuando tenía apenas cuatro años junto a su madre, debido a las denuncias que ella realizaba. “La desaparecieron por alzar la voz. Son 26 años de ausencia, sin poder abrazarla; es una herida abierta, porque yo sobreviví a ese secuestro”, afirmó.

Al final de la diligencia, la magistrada Catalina Díaz valoró los aportes y las observaciones hechas por las víctimas. “El ejercicio de participación de las víctimas es central para la tarea que tiene la JEP. Es indispensable contar con la voz y la acción de las víctimas, familias y sobrevivientes”. Con ello, la audiencia no solo avanzó en el esclarecimiento de la verdad, sino que reafirmó el papel fundamental de quienes han sufrido el conflicto en la construcción de memoria, justicia y no repetición.

(Fotografía: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP)