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Columna Opinión Por Amparo Parra Mosquera ( Facebook / Instagram / X Instagram) Directora Hola MI Gente
Agosto 5 de 2026
Por Amparo Parra Mosquera ( Facebook / Instagram / X Instagram)
Directora Hola MI Gente
Bucaramanga enfrenta un rezago vial de por lo menos 15 años, una realidad que asfixia la movilidad y frena la competitividad de la capital santandereana. Ante este panorama, el desarrollo y la modernidad de la ciudad no son un lujo, sino una urgencia inapelable. Sin embargo, la reciente suspensión judicial del empréstito por $538.611 millones nos obliga a abrir un debate profundo y pedagógico: la verdadera oposición al progreso no proviene de quienes exigen rigor legal, sino de dos bandos igualmente nocivos. Por un lado, están los politiqueros que instrumentalizan la crítica destructiva para figurar, sin proponer jamás una alternativa viable. Por el otro, están los gobernantes y concejales que, bajo la bandera del desarrollo, pretenden imponer proyectos con una ligereza técnica que raya en la irresponsabilidad fiscal.
Hacer pedagogía sobre el desarrollo urbano implica entender que las grandes obras civiles se financian con los impuestos de los contribuyentes. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla demuestran constantemente que el endeudamiento público es una herramienta poderosa y legítima, siempre y cuando esté respaldada por una estructuración técnica impecable. El progreso real no se logra firmando cheques en blanco. Aprobar un crédito histórico con un acápite presupuestal totalmente vacío en el proyecto de semaforización —tasado en más de $115.372 millones— y con un incremento del 81,5 % en los costos del corredor Mutis sin justificación alguna, no es impulsar la ciudad; es sembrar el terreno para la parálisis, el sobrecosto o, peor aún, la corrupción y las prebendas personales.
La ciudadanía debe aprender a desmontar la falacia de que “criticar la gestión es oponerse al avance de la ciudad”. Exigir que los documentos técnicos cumplan con la ley y las exigencias de las entidades financieras es el mayor acto de defensa del desarrollo local. Si un proyecto carece de soporte fidedigno, corre el riesgo de quedar a mitad de camino, convirtiéndose en un elefante blanco que empobrece al municipio por más de una década. Los concejales que votaron a favor de este acuerdo, ignorando las alarmas fiscales, le fallaron a sus electores. En lugar de actuar como rigurosos coadministradores y guardianes del erario, operaron como un comité de aplausos, validando falencias que cualquier filtro financiero básico habría rechazado. ¿A favor de los intereses de quién están realmente estos cabildantes?
Bucaramanga necesita con urgencia propuestas viables, transparentes y técnicamente robustas para salir del estancamiento. La solución definitiva no es resignarse al atraso ni ceder el micrófono a los detractores de oficio que solo buscan rédito político en el caos. El camino correcto para sacar la ciudad avante consiste en corregir de inmediato los vicios de procedimiento, completar los estudios técnicos exigidos por la justicia y presentar proyectos blindados contra la improvisación. Modernizar la infraestructura exige grandeza política: requiere rescatar la planeación urbana de las garras de la politiquería destructiva y de la incompetencia administrativa, asegurando que cada peso invertido se traduzca en obras reales que transformen de verdad el futuro de los bumangueses.

