“No es el fracaso de la JEP, es el fracaso del Estado”: Harvey Suárez responde a las críticas y advierte por recorte de $170.000 millones

El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz respondió a los cuestionamientos de la congresista María Clara Posada, del Centro Democrático, sobre sus anteriores contratos con Naciones Unidas y los convenios con el PNUD. En entrevista con El Espectador, explicó cómo se han utilizado esos acuerdos y alertó sobre las consecuencias que tendría la reducción presupuestal para las víctimas, los comparecientes y la continuidad de la justicia transicional.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un debate que va más allá de sus cifras presupuestales. Mientras en el Congreso se discute una posible reducción de $170.000 millones en sus recursos, también han surgido cuestionamientos sobre la ejecución del dinero, los convenios de cooperación internacional y la gestión de algunos de sus funcionarios.

En medio de esta controversia, Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la JEP, respondió a las críticas en una entrevista concedida a El Espectador, en la que defendió la gestión administrativa de la entidad, explicó el propósito de los convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y advirtió sobre los efectos que, según él, tendría el recorte presupuestal.

“Estos debates con información parcial, incompleta y descontextualizada lo único que suben son los ánimos sobre un tema que requiere objetividad”, afirmó Suárez al referirse a los cuestionamientos sobre la ejecución de los recursos de la Jurisdicción desde su creación.

¿Qué respondió a los señalamientos de Clara Posada?

La congresista María Clara Posada, del Centro Democrático, ha cuestionado los costos de funcionamiento de la JEP, sus resultados y determinados aspectos de la contratación, incluidos los convenios con Naciones Unidas y los anteriores vínculos profesionales de Suárez con organismos internacionales.

Ante los señalamientos sobre un posible conflicto de intereses, el secretario ejecutivo explicó que su relación con el sistema de Naciones Unidas se desarrolló como asesor, consultor y contratista del PNUD, Unicef y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de haber apoyado procesos relacionados con el Alto Comisionado para los Refugiados.

Según precisó, sus funciones estuvieron vinculadas a la asesoría técnica, la ejecución y el acompañamiento de proyectos de apoyo a víctimas y personas sometidas a la justicia transicional. Aseguró que no fue funcionario directivo ni ordenador del gasto en ninguna agencia de Naciones Unidas y que sus anteriores contratos no estuvieron relacionados con decisiones presupuestales de la JEP, que todavía no existía durante parte de esa experiencia profesional.

Suárez también rechazó las afirmaciones sobre una supuesta “puerta giratoria” y sostuvo que su participación en el comité de escogencia de magistrados fue de apoyo técnico y estratégico. Aclaró que no tenía la función de elegir a los magistrados y que su posterior ingreso a la Secretaría Ejecutiva se produjo mediante un proceso competitivo y abierto, en el que participaron 39 personas para el período 2022-2026.

Los convenios con el PNUD: ¿a dónde van los recursos?

Uno de los cuestionamientos de Posada se relaciona con los recursos de los convenios celebrados entre la JEP y el PNUD, cuyo monto acumulado fue mencionado en la controversia pública.

Frente a la pregunta de la congresista sobre la entrega de $182.120 millones al organismo internacional y la eventual declaración de un conflicto de intereses, Suárez fue enfático en aclarar que él no entregó esos recursos ni fue quien tomó la decisión inicial de vincular al PNUD.

El funcionario explicó que el primer convenio al que se refiere la discusión, identificado con el número 170 de 2018, fue suscrito por la entonces secretaria ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón Falla. Añadió que los acuerdos tienen como propósito principal apoyar la representación judicial de las víctimas, con enfoques de género, étnicos, diferenciales, psicosociales y socioculturales.

También señaló que otros convenios han permitido respaldar la presencia territorial de la Jurisdicción, incluyendo la contratación, adecuación, dotación y funcionamiento de oficinas requeridas para desarrollar sus actividades.

De acuerdo con la información expuesta durante la entrevista, se trata de 22 convenios, de los cuales 16 estaban liquidados y seis continuaban en ejecución al momento de la conversación. Suárez afirmó que estos acuerdos tienen condiciones específicas de selección y ejecución, además de procesos de auditoría internacional, y rechazó que se tratara de una contratación asignada “a dedo”.

El secretario ejecutivo agregó que la JEP responderá las solicitudes de información presentadas por la congresista, incluida la petición radicada el 7 de octubre de 2026 sobre los contratos celebrados por el PNUD para ejecutar los convenios. Cuestionó que se hubieran hecho señalamientos públicos antes de que la entidad pudiera entregar una respuesta formal y aseguró que suministrará la información correspondiente.

¿Qué pasaría realmente si se reducen $170.000 millones del presupuesto?

Más allá de la controversia política y administrativa, Suárez advirtió que la reducción presupuestal tendría consecuencias concretas sobre la operación judicial de la JEP.

Según explicó en El Espectador, $81.298 millones están destinados específicamente al apoyo de la actividad judicial, incluidos los equipos territoriales de acompañamiento psicosocial, la asistencia legal y el soporte administrativo necesario para desarrollar diligencias.

El funcionario señaló que una disminución de los recursos afectaría el monitoreo integral, encargado de apoyar la verificación judicial de las sanciones, y dificultaría garantizar la representación judicial completa y la defensa técnica de los comparecientes.

Otro de los puntos críticos es la protección de víctimas, testigos e intervinientes que enfrentan amenazas o riesgos de seguridad. Suárez advirtió que, si no se cuenta con recursos adicionales y se mantiene la demanda actual, la capacidad para financiar estas medidas alcanzaría como máximo cuatro meses.

La reducción también podría comprometer la grabación, transmisión y conservación de las audiencias. El secretario ejecutivo informó que entre 2020 y la fecha de la entrevista se habían grabado 5.940 audiencias, un promedio de 849 por año.

Según explicó, estos registros no son simplemente material de divulgación: constituyen documentos judiciales que deben conservarse y forman parte de las garantías de publicidad y debido proceso para quienes intervienen en las actuaciones.

Por eso, Suárez advirtió que la falta de recursos podría afectar el desarrollo de los procesos, la protección de las personas en riesgo y la capacidad de la Jurisdicción para cumplir sus obligaciones con las víctimas y los comparecientes.

“Es el fracaso del Estado”: el mensaje al Congreso

Frente al debate presupuestal, el secretario ejecutivo insistió en que la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP no recae exclusivamente en la Jurisdicción.

“Lo que está de por medio no es el fracaso inducido de la JEP, es el fracaso del Estado”, afirmó Suárez, al señalar que el Gobierno Nacional y el Congreso deben garantizar las condiciones materiales para que la entidad pueda cumplir su mandato.

El funcionario también manifestó preocupación por las alertas provenientes del sistema internacional de protección de los derechos humanos y de justicia, que, según indicó, ha expresado inquietudes sobre las consecuencias de decisiones que puedan limitar las capacidades de la Jurisdicción.

“Confiamos en que el Congreso, en su sabiduría colectiva, lo entienda. Es un compromiso con las víctimas, los territorios, las comunidades, los comparecientes, con el país y con la comunidad internacional”, expresó al referirse a la discusión sobre los recursos.

Un debate que exige transparencia y garantías de justicia

Los cuestionamientos de María Clara Posada y las explicaciones de Harvey Suárez sitúan en el centro de la discusión dos asuntos fundamentales: la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la capacidad operativa que necesita la JEP para cumplir sus funciones.

Mientras la congresista ha planteado interrogantes sobre la contratación y el uso del presupuesto, el secretario ejecutivo respondió sobre sus antecedentes profesionales, negó haber tomado las decisiones de contratación que se le atribuyen y explicó los objetivos de los convenios con Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, advirtió que una reducción presupuestal tendría consecuencias que podrían trascender el funcionamiento administrativo y comprometer la representación de las víctimas, la defensa de los comparecientes, las medidas de protección y la continuidad de las actuaciones judiciales.

La decisión que adopte el Congreso deberá considerar tanto la revisión y vigilancia de los recursos públicos como las necesidades presupuestales asociadas al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de justicia transicional.

Fuente principal: entrevista de El Espectador a Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la JEP, publicada el 8 de octubre de 2026, bajo el título “Lo que está de por medio no es la JEP, es el fracaso del Estado: secretario Harvey Suárez”.

(Foto: El Colombiano)