La JEP concluye audiencias del Caso 10 tras recibir el testimonio de más de trescientas víctimas de las Farc

• La confrontación apuntó de forma directa a las versiones juradas que entregaron los excombatientes que pertenecieron a las estructuras de los bloques Noroccidental, Magdalena Medio

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró con éxito la fase de audiencias de observaciones del Caso 10, un hito judicial en el que 354 víctimas encararon de forma colectiva y reaccionaron a los testimonios entregados previamente por 123 comparecientes de las extintas Farc-EP. El macrocaso, liderado bajo la estricta coordinación de las magistradas Julieta Lemaitre Ripoll y Marcela Giraldo Muñoz, busca esclarecer de manera definitiva crímenes de lesa humanidad de gran impacto nacional, tales como tomas guerrilleras brutales, masacres campesinas, desplazamientos masivos forzados y desapariciones sistemáticas registradas a lo largo de décadas de conflicto armado en Colombia.

El proceso legal requirió de un esfuerzo institucional titánico concentrado en 45 jornadas completas de audiencias públicas y privadas, donde personas afectadas de múltiples regiones del país expusieron el dolor y las secuelas dejadas por los diferentes frentes subversivos. Entre los relatos presentados ante los estrados judiciales sobresalieron hechos trágicos de gran recordación como la masacre de 34 campesinos que recolectaban hoja de coca en el sector de La Gabarra en Tibú, Norte de Santander, el repudiable asesinato de la personera del municipio de Roncesvalles en el departamento del Tolima, el homicidio colectivo de funcionarios judiciales en la localidad de Usme en Bogotá, y el exterminio de la familia Turbay Cote en el municipio de Puerto Rico, Caquetá.

La confrontación y análisis de datos civiles apuntó de forma directa a las versiones juradas que entregaron los excombatientes que pertenecieron a las estructuras de los bloques Noroccidental, Magdalena Medio, Caribe, Sur, Oriental y el Comando Conjunto Central de la organización rebelde. Los apoderados de las víctimas exigieron a los mandos medios y superiores un compromiso real con la verdad histórica, desvirtuando en múltiples ocasiones las declaraciones iniciales de los desmovilizados y aportando pruebas documentales inéditas que evidencian el nivel de planeación y sevicia con el que operaban estas facciones armadas en los territorios rurales de la nación.

Los folios recolectados y las grabaciones consolidadas durante estas extensas mesas de trabajo se convertirán ahora en el insumo fundamental de los despachos judiciales para cruzar la información, dimensionar el verdadero impacto del daño moral y material causado al tejido social, y emitir los fallos correspondientes. El tribunal especial utilizará esta contrastación para identificar con total precisión jurídica a los máximos responsables de los crímenes más representativos investigados en esta etapa procesal, abriendo el camino para la imposición de sanciones propias y los respectivos planes de reparación integral antes de que finalice el año legislativo.

(Foto: JEP)