La Corte Suprema de Justicia deja en firme el llamado a juicio contra cinco congresistas y un exlegislador por presunta corrupción en la UNGRD.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó por mayoría el recurso de la representante Karen Astrith Manrique Olarte para cambiar su detención en centro carcelario por prisión domiciliaria. Esta determinación no solo mantiene a la congresista tras las rejas, sino que acelera de forma definitiva el avance del proceso penal. Con esta jugada jurídica, el alto tribunal deja en firme el llamado a juicio contra 6 implicados del poder legislativo, enviando el expediente de manera directa a la Sala Especial de Primera Instancia para el inicio formal del debate ciudadano y judicial.

El caso cobra una relevancia nacional sin precedentes al involucrar de manera simultánea a 5 congresistas actuales y 1 excongresista, todos bajo la lupa por el presunto delito de cohecho impropio. Los reflectores de la justicia apuntan ahora de manera directa hacia Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y el exlegislador Juan Diego Muñoz Cabrera. Esta decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción se convierte en uno de los movimientos políticos y judiciales más contundentes de los últimos años, impactando directamente la credibilidad del Congreso de la República ante la opinión pública.

La urgencia del proceso obligó a la Sala de Instrucción a sesionar de manera extraordinaria para resolver el recurso de reposición interpuesto por la defensa de Manrique Olarte. Al ser negada la solicitud, el trámite de notificación a las partes comenzará de inmediato para transferir formalmente las competencias de juzgamiento. La permanencia de la representante en un centro carcelario intramural asegura su comparecencia física durante las etapas que están por venir, marcando un precedente estricto en el manejo de casos de supuesta corrupción estarían implicados en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). y redes de favores políticos dentro de las instituciones del Estado.

Esta nueva etapa procesal que se abre en la Sala Especial de Primera Instancia obligará a los magistrados a evaluar con lupa cada una de las pruebas recaudadas por los investigadores. El juicio oral determinará de manera individual la responsabilidad penal de los 6 vinculados en este escándalo que vuelve a sacudir los cimientos del Capitolio Nacional. El país entero permanece a la expectativa del cronograma de audiencias públicas que fijará la Corte Suprema, en lo que promete ser uno de los juicios de mayor impacto institucional y mediático de la década.

(Foto: Cortesía Caracol Radio)