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JEP imputa a 27 exFarc por crímenes de guerra y de lesa humanidad: entre la investigación se habló del atentado al Nogal y el Magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. (Foto Suministrada)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 comparecientes de las extintas Farc-EP por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos atentados, masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, violencia sexual y tomas guerrilleras contra la población civil.
Entre los imputados figuran antiguos integrantes del último Secretariado de las Farc-EP y excomandantes de los bloques Sur y Oriental, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Victoria Sandino, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo y otros exmandos que ejercieron funciones de dirección dentro de la organización armada.
La decisión se sustenta en los hechos acreditados por 2.436 víctimas, entre campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres, militares y policías. Según la JEP, durante años múltiples territorios quedaron bajo control armado de la guerrilla, lo que derivó en graves violaciones a los derechos humanos y afectaciones sistemáticas a la población civil.
La imputación también aborda el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. En su decisión, la JEP insiste en que existen varios indicios de la participación de las extintas Farc-EP en este crimen, el cual continúa siendo objeto de análisis dentro del Caso 10 para determinar las responsabilidades individuales.
Asimismo, la decisión incorpora el atentado terrorista contra el Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero de 2003 en Bogotá. Según la JEP, este ataque con carro bomba, que dejó 36 personas muertas y más de 200 heridas, hace parte de un patrón de atentados indiscriminados atribuidos a las extintas Farc-EP contra la población civil.
Los comparecientes deberán decidir si aceptan o no su responsabilidad. Quienes reconozcan los hechos serán llamados a audiencias públicas y podrán recibir sanciones restaurativas. Quienes no lo hagan enfrentarán un proceso adversarial que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.
Esta es la primera imputación del Caso 10 de la JEP y la primera actuación conjunta con el Caso 11, que investiga la violencia de género y sexual cometida por integrantes de las extintas Farc-EP contra la población civil.
Rueda de prensa sobre la imputación:
(Foto: Redes sociales y JEP)
