JEP define la situación jurídica de 59 militares vinculados a falsas bajas en combate en el Catatumbo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la Fuerza Pública que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN), vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2003 y 2008 en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Los hechos dejaron 17 víctimas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. La Subsala Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que los 59 comparecientes no fueron seleccionados como máximos responsables y cumplieron los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal, previsto dentro de la Ruta No Sancionatoria de la JEP.

Para conceder este beneficio, la JEP verificó que los comparecientes aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, asumieran compromisos de no repetición y ofrecieran medidas de contribución a la reparación simbólica de las víctimas y de la región. Estas obligaciones deberán continuar durante el mandato de la jurisdicción y, en caso de incumplimiento, los beneficios podrían ser revocados.

La decisión establece que la renuncia a la persecución penal tiene los efectos de una sentencia y extingue la acción penal y disciplinaria. Por ello, los procesos que se adelantaban contra estos comparecientes por los hechos analizados deberán ser archivados sin imposición de sanción penal. De los 11 hechos, solo uno estaba en ejecución de penas y otro en etapa de juicio en la justicia ordinaria; los demás se encontraban en etapas de indagación y acusación.

La JEP señaló que los hechos analizados respondieron a distintas modalidades para presentar como bajas en combate a personas asesinadas. Entre ellas estuvieron la utilización de información de inteligencia para ubicar víctimas, la detención y posterior ejecución de personas señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados, el uso de guías de terreno y la presentación como resultados militares de asesinatos cometidos con participación de otras unidades o grupos paramilitares.

En las audiencias adelantadas por la Subsala Catatumbo, los comparecientes realizaron actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y asumieron compromisos de reparación simbólica, entre ellos la difusión de mensajes en medios de comunicación locales y regionales para dignificar los nombres de las víctimas y acciones de intervención del espacio público.

Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ha resuelto, mediante 42 resoluciones, la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto. De ellos, 933 pertenecen a la Fuerza Pública, 46 a las Farc-EP, dos son agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública, dos civiles colaboradores de las Farc-EP y un tercero civil.

En estas decisiones se han abordado 372 hechos que dejaron 628 víctimas directas, mientras que 877 víctimas acreditadas han participado en la Ruta No Sancionatoria de la JEP.

(Foto: Redes sociales)