¿Hacia dónde va la democracia? El preocupante auge de la violencia verbal en las campañas políticas que sacude al país

El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el país al revelar un peligroso incremento en la violencia del discurso de los candidatos presidenciales, una tendencia que fractura el debate democrático regional y reduce drásticamente el cumplimiento general de las garantías de paz al 58,3%.

Este monitoreo técnico, enfocado en el “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, evidencia un preocupante retroceso frente al periodo anterior, cuando la alineación con las buenas prácticas políticas se ubicaba en el 70,9%. La situación resulta especialmente crítica en el entorno digital y en las plazas públicas colombiana, donde los ataques personales y la polarización comienzan a sustituir las propuestas programáticas de los aspirantes a la Casa de Nariño.

Para los territorios la hostilidad en la retórica de campaña se ha convertido en el principal desafío para la convivencia ciudadana en municipios clave como Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, debido al desplome de los indicadores relacionados con la convivencia política. Según los datos consolidados tras analizar 318 hechos verificados a nivel nacional y regional, el uso de un lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización cayeron a un nivel crítico del 14,1%, mientras que la difusión de información veraz se hundió a un alarmante 3,8%. Estas cifras confirman que las campañas electorales en el territorio están recurriendo de manera sistemática a la descalificación, el hostigamiento digital y las acusaciones sin respaldo, en lugar de propiciar un escenario de argumentación limpia para los electores.

El análisis de la Defensoría del Pueblo, que procesó una robusta base de 28.184 datos —compuesta por 15.892 publicaciones en la red social X y 12.292 noticias—, destapó además una profunda brecha ética entre los candidatos en contienda. Aquellas candidaturas que decidieron firmar el pacto demostraron una conducta marcadamente más respetuosa, alcanzando un nivel de cumplimiento del 86,4%, en contraste con las campañas no suscriptoras, cuya alineación con los principios de no violencia apenas llegó al 40,2%. Está marcada diferencia intensifica los llamados de las veedurías ciudadanas en Santander, las cuales exigen que la totalidad de los aspirantes se acojan al documento para frenar la radicalización de los discursos antes de las votaciones.

Ante este adverso panorama, la Defensoría instó a las fuerzas políticas con presencia en todo el país a implementar de forma inmediata cordura en sus discursos, frenando especialmente la violencia política dirigida hacia las mujeres y las poblaciones vulnerables. Las autoridades civiles locales y los organismos de control insistieron en la urgencia de adoptar medidas de alfabetización digital para que los ciudadanos aprendan a identificar las noticias falsas que inundan las redes sociales.

El llamado institucional es unánime: las regiones no puede permitir que la intolerancia verbal y los ataques informáticos empañen las elecciones, por lo que se requiere un compromiso real para recuperar la confianza en las instituciones y garantizar el derecho al voto en un ambiente verdaderamente pacífico.

(Foto: Defensoria del Pueblo).