Error en el Senado pone en riesgo la aprobación del Presupuesto de 2027: el Gobierno podría expedirlo por decreto

La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en entredicho por una presunta irregularidad en el trámite legislativo. Aunque el Congreso avanzó en la aprobación de recursos por $634,9 billones, una diferencia entre los textos votados por el Senado y la Cámara de Representantes abrió un nuevo frente jurídico para el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuál fue el trámite que se omitió?

La controversia se concentra en el artículo 65 del proyecto presupuestal. Según las versiones conocidas del trámite, el Senado aprobó este artículo sin modificaciones, después de que se retirara una proposición que contemplaba cambios adicionales. Sin embargo, en la Cámara de Representantes se habría aprobado una versión que sí incorporaba esos ajustes.

Cuando ambas cámaras aprueban textos diferentes, la Constitución contempla un mecanismo de conciliación para unificar las versiones y someter el resultado a consideración de las respectivas plenarias. El problema es que ese procedimiento no se habría realizado antes del vencimiento del plazo legal para aprobar el presupuesto.

La situación generó cuestionamientos sobre la validez del trámite legislativo. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, alertó sobre la irregularidad, mientras que el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, señaló que en los registros de la corporación no figura una proposición aprobada para modificar el artículo 65.

¿Qué pasará con el Presupuesto de 2027?

Uno de los escenarios que se plantea es que el Gobierno tenga que expedir el presupuesto mediante decreto, en lugar de hacerlo a través de una ley aprobada por el Congreso. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 348 de la Constitución Política para los casos en que el proyecto de presupuesto no haya sido expedido por el Legislativo dentro del plazo establecido.

La discusión no se limita al monto total de los recursos, sino también a las modificaciones introducidas durante los debates. Si se adopta una versión anterior del proyecto, podrían quedar por fuera algunos de los cambios negociados por las bancadas en las últimas horas de discusión, incluidos ajustes a las partidas destinadas a distintos sectores.

Desde el ámbito legislativo también se han planteado interpretaciones diferentes sobre las consecuencias jurídicas de la presunta irregularidad y la posibilidad de utilizar el texto aprobado en etapas anteriores del trámite. Por ello, el alcance definitivo del problema dependerá de la interpretación jurídica que se adopte.

Un nuevo desafío político y jurídico para el Gobierno

El episodio representa un revés para el Ejecutivo, que buscaba asegurar la aprobación del presupuesto para el próximo año. La controversia ahora se concentra en la legalidad del procedimiento, la posibilidad de expedir el presupuesto por decreto y las consecuencias que tendría adoptar una versión distinta de la discutida en las plenarias.

La situación también deja interrogantes sobre los controles aplicados durante el trámite y la coordinación entre el Senado, la Cámara de Representantes y el Ministerio de Hacienda. La decisión que se adopte será determinante para establecer cómo quedarán distribuidos los recursos públicos de 2027 y qué modificaciones podrán mantenerse.

Por ahora, la diferencia entre los textos aprobados por las dos cámaras y la ausencia de una conciliación dentro del plazo legal constituyen el centro de la controversia. El caso podría tener consecuencias importantes para la ejecución presupuestal del próximo año y abrir un debate sobre la responsabilidad de las autoridades legislativas en el cumplimiento de los procedimientos constitucionales.

(Foto: Infobae)