El Gobierno nacional sancionó la Ley 2590 de 2026 para combatir el reclutamiento ilícito de menores en Colombia.

Esta normativa modifica drásticamente las penas contra las estructuras criminales que utilicen niños para cometer delitos. Además, obliga a la comisión CIPRUNNA a priorizar de forma inmediata los territorios de alto riesgo que identifique la Defensoría del Pueblo.

El principal reto de la nueva legislación radica en su financiación y despliegue oportuno en las regiones afectadas. Por esta razón, la Defensoría emitió un llamado urgente al Gobierno entrante para asegurar los recursos institucionales necesarios. La meta es transformar este marco jurídico en acciones reales que frenen de inmediato la vulneración de los derechos infantiles.

La norma establece un plazo estricto de 1 año para elaborar el documento CONPES y actualizar la política pública preventiva. Este instrumento técnico definirá las metas medibles, fuentes de financiamiento estables y responsabilidades institucionales. El objetivo principal es coordinar eficazmente los esfuerzos de protección entre el gobierno nacional y las administraciones locales vulnerables.

Durante los próximos 12 meses, el Estado también deberá activar el Equipo Nacional de Acción Inmediata y un Observatorio especializado. Asimismo, se implementará un protocolo tecnológico para bloquear contenidos digitales utilizados por grupos armados en redes sociales. Estas herramientas unificarán los datos oficiales para optimizar las estrategias de prevención temprana en entornos virtuales y físicos.

Finalmente, el Ministerio de Educación dispone de un término de 1 año para fortalecer la infraestructura escolar en zonas críticas. La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando el cumplimiento de la Ley 2590 de 2026 mediante la emisión constante de Alertas Tempranas. La presencia integral del Estado sigue siendo la clave definitiva para garantizar un entorno seguro.

(Foto: ICBF)