Corte decidirá futuro de mujeres cabeza de hogar en prisión

La Defensoría del Pueblo instó a la Corte Constitucional a emitir una decisión que garantice la aplicación plena de la Ley 2292 de 2023 con enfoque de género.

El caso en estudio corresponde a una mujer cabeza de familia privada de la libertad por tentativa de hurto, en un contexto marcado por precariedad económica y responsabilidades de cuidado. Según la entidad, pese a cumplir con los requisitos de la norma, ha enfrentado barreras judiciales que desconocen su condición de jefatura de hogar y marginalidad, impidiéndole acceder al beneficio de sustitución de la pena por servicios de utilidad pública.

El alcance de esta decisión trasciende el caso individual. Actualmente, cerca de 5.000 mujeres cumplen con dos de los criterios básicos para acceder al beneficio: tipo de delito y tiempo de condena. La Defensoría advierte que una interpretación restrictiva de la ley limita el acceso a este mecanismo, prolongando la permanencia en prisión de mujeres que podrían aportar a la sociedad mediante labores de utilidad pública. La Corte, en consecuencia, tiene la oportunidad de consolidar un precedente que impacte miles de procesos en curso.

En Bogotá, la Defensoría ha realizado más de 1.100 entrevistas a potenciales beneficiarias y presentado más de 100 solicitudes ante jueces. Sin embargo, alrededor del 45 % de estos casos aún no cuenta con pronunciamiento judicial, lo que refleja la falta de criterios unificados en la aplicación de la norma. Esta situación ha generado incertidumbre y desigualdad en el acceso a un derecho que busca reconocer las condiciones estructurales de exclusión que enfrentan las mujeres cabeza de hogar.

La Ley de Utilidad Pública fue concebida como una respuesta de política criminal con enfoque de género, orientada a mujeres que sostienen a sus familias en medio de la informalidad y la marginalidad. La Defensoría insiste en que la Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de garantizar que estas realidades sean valoradas de manera integral, evitando que se perpetúen desigualdades en el sistema judicial. Una decisión favorable no solo haría justicia en el caso concreto, sino que abriría la puerta a un acceso más equitativo y humano para miles de mujeres en el país.

(Foto Defensoria del Pueblo)