Corte Constitucional aclara que la vacunación obligatoria prevalece sobre las creencias de los padres

La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo trascendental en materia de salud pública al determinar que el interés superior de los niños y las niñas prevalece de forma absoluta sobre la voluntad de sus padres cuando estos se niegan a aplicarles las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones. La Sala Segunda de Revisión tomó esta decisión al negar una acción de tutela interpuesta por una madre que acusaba al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de ejercer presión indebida en su contra. La duma judicial respaldó que la apertura de un proceso administrativo por parte de la entidad protectora no vulnera la libertad de conciencia de los adultos, sino que se alinea con la obligación constitucional de salvaguardar la vida de la primera infancia.

La controversia jurídica se originó luego de que la madre de un menor de 2 años de edad rechazara de forma rotunda el esquema de inmunización obligatorio, argumentando supuestos factores de riesgo y efectos secundarios que leyó en las fichas técnicas de los fármacos entregadas por su entidad promotora de salud. Sin embargo, el alto tribunal enfatizó de manera unánime que la patria potestad y el denominado consentimiento sustituto no otorgan una facultad ilimitada a los acudientes para tomar determinaciones que pongan en peligro la integridad biológica de sus hijos. Los magistrados recordaron que la inmunización infantil colectiva representa un fin estatal imperioso para frenar la morbimortalidad y asegurar el bienestar de aquellos menores que, por condiciones médicas especiales, no pueden recibir los biológicos directamente.

En el texto de la sentencia, la corporación judicial fue enfática al señalar que ni el libre desarrollo de la personalidad ni la objeción de conciencia poseen un carácter absoluto dentro del ordenamiento jurídico nacional cuando entran en conflicto directo con los derechos fundamentales de los niños. Por esta razón, el fallo validó las competencias del defensor de familia para iniciar los trámites de verificación de derechos civiles pertinentes, desarmando los reclamos de acoso institucional elevados por la accionante. La justicia colombiana reiteró que el cuidado preventivo y el acceso a la medicina estatal son componentes esenciales de la protección integral que la sociedad y la familia deben garantizar a las nuevas generaciones sin ningún tipo de dilación.

A pesar de priorizar la política de vacunación masiva, el tribunal adoptó una medida intermedia de control técnico para mitigar el temor de la madre y ordenó a la EPS a la que se encuentra afiliado el infante realizar una valoración médica integral en un plazo perentorio. Esta evaluación médica especializada servirá como un insumo científico idóneo para verificar la viabilidad biológica del menor y proceder con la inyección segura de las dosis del plan obligatorio que resulten clínicamente aptas. Finalmente, la alta corte instó de forma rigurosa a la ciudadana a acatar los deberes consagrados en el Código de la Infancia y la Adolescencia, obligándola a cumplir estrictamente con los controles de crecimiento y desarrollo periódicos que demanda su hijo.

(Foto: Corte Constitucional de Colombia