Comisión de Acusación abre dos investigaciones contra el presidente Petro por presunta participación en política

BOGOTÁ— La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió formalmente dos indagaciones de carácter preliminar en contra del presidente Gustavo Petro por su presunta participación indebida en política partidaria. El inicio de este trámite legal, estructurado mediante una vertiente penal y otra de orden disciplinario, fue impulsado de oficio por la mesa investigadora de la corporación judicial legislativa tras acumular múltiples denuncias ciudadanas y de oposición que cuestionan sus recientes alocuciones oficiales y publicaciones en medios digitales en el marco del actual debate electoral.

La célula legislativa procedió a acumular un total de 5 expedientes y procesos jurídicos individuales que relacionan de manera detallada las supuestas conductas irregulares en las que habría incurrido el actual jefe de Estado. Los folios de la denuncia ciudadana consignan que el mandatario nacional presuntamente transgredió las prohibiciones normativas mediante pronunciamientos directos en plazas públicas, valoraciones desobligantes sobre aspirantes presidenciales en ejercicio y la continua difusión de materiales informativos de campañas aliadas a través de sus canales digitales propios.

La responsabilidad del peritaje técnico y la valoración probatoria de esta documentación acumulada recaerá directamente sobre un triunvirato legislativo conformado por las representantes a la cámara Katherine Miranda, Gloria Arizabaleta y Karyme Cotes. Estas 3 congresistas investigadoras tendrán la obligación legal de estudiar el acervo probatorio aportado por los denunciantes para determinar si las conductas del líder del Ejecutivo violaron la neutralidad institucional exigida por las leyes colombianas a los servidores públicos en cargos de elección popular.

Las coordinadoras del proceso judicial aclararon que la apertura de esta fase preliminar no representa una declaración formal de culpabilidad ni una sanción anticipada contra el gobernante, sino una herramienta para verificar los méritos jurídicos reales. El debate técnico se concentrará durante las próximas semanas en dirimir los límites constitucionales precisos de la libertad de expresión de un presidente en ejercicio, un veredicto institucional que mantendrá bajo una fuerte tensión política el normal funcionamiento de las diferentes ramas del poder público en el país.

(Foto: Canal 1)