Tribunal Administrativo de Santander confirma sanción contra gerente de Metrolínea por abandono de infraestructura

El Tribunal Administrativo de Santander ratificó la sanción económica de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes contra Emiro José Castro, gerente de Metrolínea. La decisión judicial responde al grave incumplimiento en la adopción de medidas urgentes para proteger el portal Papi Quiero Piña en Floridablanca. Una inspección técnica realizada el 5 de agosto evidenció que el predio carecía de vigilancia privada, mantenimiento y cerramiento perimetral.

Esta alarmante desidia institucional refleja el trasfondo de corrupción y abandono que provocó el fracaso definitivo del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga. Mientras la infraestructura local se desploma en la total impunidad, los ciudadanos pagan los platos rotos de una gestión ineficiente. Las promesas de movilidad sostenible para el área metropolitana quedaron sepultadas bajo contratos fallidos, desfalcos históricos y obras inconclusas que nadie vigila.

El colapso de Metrolínea contrasta drásticamente con la realidad de otros sistemas integrados del país que enfrentan crisis similares. Ciudades como Cali, Pereira y Barranquilla lograron diseñar estrategias financieras y operativas para sortear las dificultades económicas y mantener sus servicios activos. En Bucaramanga, la falta de voluntad política y la gerencia negligente sepultaron un sistema indispensable para el desarrollo de la capital santandereana.

A la fecha, ningún alto funcionario ha respondido penal ni fiscalmente por el detrimento patrimonial que dejó sin transporte a miles de usuarios. La justicia local mantiene un silencio sepulcral frente a los verdaderos responsables del desfalco, limitándose a multas simbólicas que no solucionan la crisis. El caso del portal Papi Quiero Piña es solo una muestra de la desconexión total entre los entes de control y las necesidades de la comunidad.

Por el contrario, la realidad procesal demuestra que los funcionarios actuales que hoy la justicia obliga a responder no tienen ninguna relación con el origen de este desfalco histórico. En este escenario, la administración actual termina pagando los platos rotos de gestiones pasadas, convirtiéndose en el eslabón donde pagan justos por pecadores. Mientras los verdaderos responsables del colapso del sistema disfrutan de total impunidad, los nuevos directivos heredan un pasivo institucional insostenible y sanciones administrativas por fallas estructurales ajenas.

(Foto: Suministrada)