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En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Defensoría del Pueblo lideró la jornada “Camino a la reconciliación”, un espacio que reunió a organizaciones de víctimas, firmantes de paz, líderes sociales, sector privado y ciudadanía. El objetivo fue abrir un diálogo amplio sobre la responsabilidad del Estado y la sociedad en la construcción de paz, reconociendo las profundas afectaciones que ha dejado el conflicto armado en Colombia y la necesidad de dignificar a quienes lo han sufrido.
Las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) son contundentes: 10.216.759 personas han sido víctimas del conflicto armado, lo que refleja la magnitud de una tragedia que atraviesa generaciones. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que, según el CONPES del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral, para 2031 solo se habrá indemnizado al 20% de las víctimas, dejando al 80% sin una respuesta clara sobre cuándo recibirán su reparación. Este panorama evidencia la urgencia de fortalecer la financiación y la implementación de la Ley de Víctimas.
El impacto del conflicto ha sido diferenciado y exige respuestas con enfoque interseccional. Más de 5,1 millones de mujeres han sido víctimas, junto con comunidades LGBTIQ+ y pueblos étnicos: 1.300.634 afrocolombianos, 702.648 indígenas, 10.204 personas del pueblo Rrom, 11.506 raizales y 8.487 palenqueros. El desplazamiento forzado, con 9.102.924 casos, sigue siendo el hecho victimizantes más recurrente, seguido por el homicidio (1.155.339 víctimas), la amenaza (845.466), la desaparición forzada (208.438) y el confinamiento (227.603). Estas cifras reflejan que las dinámicas de violencia persisten en distintos territorios.
Durante la conmemoración se realizaron actos simbólicos e interreligiosos, paneles de reflexión y homenajes a lideresas como Virgelina Chará, símbolo de resistencia y dignidad. Los participantes coincidieron en que la reconciliación requiere verdad, justicia y reparación integral, además de garantías de no repetición. “Las víctimas tienen derecho a un futuro en paz, con reconocimiento jurídico, político y material”, enfatizó la Defensora del Pueblo, subrayando que este día no solo es de memoria, sino también de compromiso colectivo para transformar el dolor en convivencia pacífica.
(Foto: Defensoría del Pueblo de Colombia)
