Exmilitares rinden cuentas ante la JEP por ejecuciones extrajudiciales en Santander 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un hito procesal en la ciudad de Bucaramanga al convocar a una serie de audiencias clave para el esclarecimiento de hechos violentos ocurridos en el nororiente colombiano. En esta oportunidad, antiguos integrantes del Ejército Nacional vinculados a los Batallones de Infantería #41 general Rafael Reyes Prieto, #40 coronel Luciano D’elhuyar y #14 Antonio Ricaurte, comparecieron formalmente para responder por su presunta participación en casos de ejecuciones extrajudiciales. Estos eventos, que han dejado una herida profunda en el departamento de Santander, se encuentran bajo la lupa de la justicia transicional debido a su ocurrencia sistemática durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2008.

Durante las jornadas judiciales, el magistrado Mauricio García Cadena, perteneciente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, confirmó la comparecencia de un total de 23 implicados. Los comparecientes están siendo investigados por su relación directa con 6 hechos victimizantes de alta gravedad que se ajustan al patrón macrocriminal de desaparición forzada y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Esta priorización responde a un análisis técnico de la Subsala Número Tres, la cual determinó que los departamentos de Meta y Santander concentran una cantidad crítica de expedientes relacionados con estas prácticas delictivas, exigiendo una intervención inmediata del Estado.

El enfoque de estas audiencias se centra en resolver la situación jurídica de aquellos miembros de la fuerza pública que son catalogados como partícipes no determinantes. Esto significa que, si bien estuvieron involucrados en la ejecución de los crímenes, no son considerados los máximos responsables dentro de la cadena de mando. La JEP busca que estos actores realicen aportes significativos a la verdad para recibir beneficios jurídicos, permitiendo que la justicia avance en la identificación de los engranajes locales que permitieron la comisión de estos graves delitos en las zonas rurales y urbanas de la región santandereana.

Un componente esencial de este proceso es el diálogo y el contraste de información entre los victimarios y las víctimas, quienes participan activamente en la construcción del relato histórico. Según la magistratura, aunque el avance no siempre alcanza el ritmo ideal esperado por la sociedad, el intercambio de datos permite confrontar las versiones de los comparecientes con los hallazgos previos de la justicia ordinaria. Este ejercicio de verificación es fundamental para desmantelar la impunidad y ofrecer a los familiares de los fallecidos respuestas concretas sobre el paradero y las circunstancias que rodearon la muerte de sus seres queridos hace más de una década.

Finalmente, el panorama judicial en Santander se expande con la reciente vinculación del general (r) Luis Cardozo, cuyo sometimiento ante la JEP ya ha sido oficialmente asumido por la sala competente. El magistrado García Cadena aseguró que el tribunal ya tiene conocimiento pleno del caso y se prepara el cronograma para iniciar las diligencias de versión voluntaria en los próximos días. La inclusión de altos mandos en estos procesos refuerza el compromiso de la jurisdicción por alcanzar una verdad exhaustiva que abarque todos los niveles de la jerarquía militar, garantizando que el sistema de justicia transicional cumpla con su mandato de reparación y no repetición.

(Foto: Hola Mi Gente)