En Bucaramanga decenas de motos ruidosas fueron inmovilizadas en megaoperativo nocturno

Las autoridades de Bucaramanga desplegaron un contundente operativo de control la noche del sábado 9 de mayo, enfocado en mitigar la contaminación auditiva y recuperar el orden público en los puntos críticos de la ciudad. La intervención, liderada por el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, y el director de Tránsito, Jhair Manrique, contó con el respaldo estratégico de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Esta acción interinstitucional apuntó de manera directa contra los conductores de motocicletas que transitan con exostos modificados, una práctica ilegal que altera de forma sistemática la tranquilidad ciudadana y deteriora la convivencia en los barrios residenciales.

La exhaustiva jornada de inspección en las vías urbanas arrojó un balance de 53 motocicletas inmovilizadas y la imposición de 5 comparendos específicos por el uso de sistemas de escape alterados. Más allá del control vial y las sanciones ambientales, los uniformados robustecieron la seguridad ciudadana mediante la incautación de 3 armas blancas y la captura de 1 ciudadano que opuso estricta resistencia al momento de ser requerido para un procedimiento de verificación de antecedentes. El mandatario local, Cristian Portilla, respaldó con vehemencia las medidas adoptadas en los corredores viales, asegurando de forma tajante que la administración municipal no permitirá que la anarquía perturbe el bienestar de los habitantes de la capital santandereana.

Esta ofensiva institucional se ampara bajo el marco de la Ley 2450 de 2025 (Ley contra el Ruido), una estricta normativa nacional vigente desde marzo de 2025 que endurece los castigos para quienes superen los límites máximos permitidos de 65 decibeles durante el día y 55 decibeles en horario nocturno para zonas de vivienda. La herramienta jurídica otorga facultades directas a la fuerza pública para sancionar de forma inmediata cuando el ruido sea evidente, prescindiendo de sonómetros en el lugar de los hechos. Los infractores que modifiquen sus vehículos de manera irresponsable se exponen a severas sanciones económicas, cuyas multas oscilan entre 8 y 16 salarios mínimos mensuales, consolidando una política de tolerancia cero frente al desorden urbano.

(Foto: Dirección de Tránsito de Bucaramanga)