¿El fin de la impunidad? El secreto que podría cambiar la historia de Santander está en manos de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa formalmente si acepta el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, tras concluir dos intensas jornadas de aportes a la verdad sobre sus nexos con el paramilitarismo en el Magdalena Medio. Luego de que la Sección de Apelación le otorgará una última oportunidad procesal debido a la insuficiencia inicial de sus declaraciones, el tribunal transicional analizará el valor de los testimonios recopilados en Bogotá. Esta decisión definitiva determinará si el exmandatario recibe los beneficios jurídicos del sistema o si su expediente regresa de inmediato a la justicia ordinaria.

El proceso judicial del exgobernador tomó un giro determinante tras la orden dictada por la Sección de Apelación, mecanismo que revirtió un rechazo previo en primera instancia para abrir paso a una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad. Esta diligencia crucial se dividió en 2 sesiones estratégicas: la primera de ellas celebrada el 24 de enero de 2024, y la segunda ejecutada recientemente durante los días 4 y 5 de mayo de 2026. Bajo la conducción del magistrado Carlos Alberto Suárez López, la magistratura indagó con rigor sobre su rol en el Bloque de Búsqueda, su ascenso político regional y las reuniones clandestinas sostenidas con comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Durante el desarrollo de la primera jornada de comparecencia, la JEP concentró su atención en el aval que otorgó el partido Convergencia Ciudadana y los pactos explícitos con el Bloque Central Bolívar de las AUC. Uno de los puntos de mayor tensión financiera radicó en el interrogatorio sobre un incremento patrimonial injustificado, calculado exactamente en 1.999 millones de pesos entre los años 2002 y 2015, una cifra que actualmente investiga la justicia ordinaria por el delito de enriquecimiento ilícito. El exmandatario admitió su responsabilidad al declararse cómplice por omitir denuncias y delató a actores clave de la red de poder regional, señalando directamente a un exdiputado como candidato directo de alias ‘Ernesto Báez’.

La sesión final de la audiencia fue liderada por la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio dentro del Caso 08, quien busca esclarecer de forma prioritaria las alianzas entre la fuerza pública y los terceros civiles. Aguilar Naranjo ratificó que las autodefensas impulsaron su campaña electoral a la Gobernación de Santander en el año 2003 y que su partido político avaló de forma deliberada las candidaturas preferidas por comandantes alias ‘Camilo Morantes’ y ‘Ernesto Báez’. Por otra parte, el compareciente desvirtuó supuestos financiamientos ilegales de empresas estatales al Bloque de Búsqueda, asegurando que la unidad operaba estrictamente con fondos públicos y apoyo logístico de la agencia norteamericana DEA.

La Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas inicia ahora la etapa de deliberación jurídica para emitir un fallo definitivo sobre el futuro del procesado. En este análisis técnico participarán de forma activa delegados del Ministerio Público y organizaciones de víctimas reconocidas, entre las que destacan la Unión Sindical Obrera y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Los magistrados confrontarán cada dato entregado para verificar si la información aportada cumple con los estrictos estándares exigidos por el tribunal, constituyendo una pieza clave para la memoria del conflicto en el Magdalena Medio.

(Foto: JEP)