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¡Alerta máxima en Santander! La Defensoría del Pueblo exige frenar la gobernanza criminal en Bucaramanga y su área metropolitana (Foto: Defensoria del Pueblo)
La Defensoría del Pueblo emitió de forma urgente la Alerta Temprana 015 de 2026 para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Este documento técnico enciende las alarmas estatales ante un peligroso sistema de violencia urbana híbrida que amenaza la estabilidad de Santander. Las autoridades locales y nacionales deben activar de inmediato planes de contingencia para salvaguardar la vida y la seguridad civil.
El panorama delictivo actual revela una compleja recomposición del mapa de actores armados tras la fragmentación de estructuras históricas como ‘Los Colosos’. Actualmente, bandas de primer nivel como ‘Los del Sur’ y ‘Los del Norte’ disputan los territorios metropolitanos. Además, la incursión de células transnacionales como el ‘Tren de Aragua’ agrava la crisis mediante servicios especializados de sicariato y control de zonas.
La investigación oficial documenta cómo las redes criminales han diversificado sus finanzas hacia el mercado de drogas sintéticas y emergentes como el “tusi”. El documento advierte que la privación de la libertad no frena el impacto delictivo en las calles de Santander. Los cabecillas mantienen su poder sostenido y controlan extorsiones y homicidios desde los centros penitenciarios Palogordo y Modelo.
Ante esta grave situación, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones estratégicas que exigen una respuesta estatal con enfoques territorial y diferencial. La entidad solicita formalmente un salto tecnológico para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario mediante sistemas de inhibición de drones. Asimismo, ordena a la Policía Nacional priorizar la inteligencia en entornos digitales para desmantelar las economías ilícitas.
Este violento contexto de gobernanza criminal genera impactos diferenciados y riesgos críticos para los sectores más vulnerables del Área Metropolitana de Bucaramanga. La Alerta Temprana enfatiza la necesidad de proteger prioritariamente a las niñas, niños, adolescentes y mujeres trans. Los líderes sociales y lideresas comunitarias también enfrentan amenazas directas debido a los mecanismos de regulación coercitiva impuestos por las bandas.
(Foto: Defensoría del Pueblo)
